Llorenti se apersonó en el Ministerio Público de La Paz donde se le informó del traslado del fiscal Prudencio Flores a otra entidad, lo que fue criticado por familiares de las víctimas porque paralizan las investigaciones del caso en el que hasta ahora no hay ningún detenido.
El ministro también se presentó la semana pasada ante la Fiscalía, pero el fiscal asignado al caso no recibió sus declaraciones porque hubo problemas formales en su notificación y señaló para ayer a las 15:00 la audiencia para que se cumpla con ese actuado.
El abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, declaró a la prensa que con su presencia en la Fiscalía Llorenti demostró su "buena voluntad" para responder ante las autoridades judiciales.
"Se pudo advertir de que no está presente el fiscal asignado al caso. La oficina de dicho fiscal se encuentra en inventario, un hecho que escapa a la buena voluntad del ministro de Gobierno, que se ha hecho presente como cualquier ciudadano a responder al llamado de la autoridad corresponde", señaló.
Llorenti y el comandante General de la Policía, Óscar Nina, afrontan denuncias por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y homicidio culposo planteados por opositores y familiares de los agentes linchados a fines de mayo en el pueblo de Uncía, Potosí.
En ese lugar, los "ayllus guerreros" o clanes indígenas potosinos torturaron y lincharon a cuatro policías tras acusarlos de cometer delitos en esa región, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
El abogado de los familiares de los asesinados, Johnny Castelú, lamentó que el caso se quede sin fiscal porque eso sigue retrasando las investigaciones.
"Hoy nos hemos sorprendido al ver que no había fiscal. Nosotros hemos traído pruebas y no podemos presentarlas, no podemos declarar, no podemos ofrecer testigos y vemos que extrañamente, justo cuando tiene que declarar el ministro, nos cambian de fiscal", afirmó.
Fuente: Los TiemposFecha: 12-Ago-2010
