




Análisis: Joaquino: Cae otra pieza de la oposición
Mientras que también se inicia un proceso contra el Gobernador de Tarija, Mario Cossio, René Joaquino es retirado de la silla edil Potosina a través de la presión oficialista. El gobierno descabeza a la oposición.
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Citas Relacionadas
"Me acusan de haber encabezado el movimiento cívico de reivindicaciones que paralizó Potosí 19 días, de todos los movimientos que se han producido en Potosí el único culpable según el gobierno es René Joaquino" (René Joaquino)
"El gobierno persigue a los que cree que son sus adversarios, Potosí tiene el orgullo de haberle descubierto la verdadera cara al gobierno, los potosinos le hemos mostrado al país el tipo de gobierno que tenemos que es totalmente soberbio y los Ministros lo único que hacen es amenazar y amenazar a cuanto ciudadano no comparte con sus criterios" (René Joaquino)"Yo respeto la decisión del Concejo Municipal mas no comparto que el fiscal Sandro Fuertes esté al servicio de un partido político y se haya tomado la facultad de amenazar a los concejales para suspenderme" (René Joaquino)
Necesitamos plantear una modificación legal que pueda detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales por parte de acusaciones que puedan o no puedan estar comprobadas y están sometidas a la simple decisión de un fiscal sin la posibilidad de que nadie diga si las decisiones del fiscal están en apego a la ley (Luis Revilla)
Los Tiempos, Cochabamba, 19 de Agosto, 2010: El turno de autoridades opositoras suspendidas por enfrentar acusaciones penales tocó ayer al alcalde de Potosí, René Joaquino (AS), pues el Concejo de ese municipio lo licenció para que se defienda por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de autos usados en 2006.
El hecho despertó el enfado de la oposición, que alertó que los siguientes en ser destituidos de sus cargos por procesos judiciales serán los gobernadores de partidos opositores.
Además, pidieron modificar los artículos de la Ley Marco de Autonomías sobre la suspensión de autoridades y que impiden la gobernabilidad en estas instancias. El oficialismo respondió que las autoridades deben responder por sus actos.
En tanto, Joaquino, reelecto con 67 por ciento de los votos, acusó ayer al fiscal, Sandro Fuentes, de haber amenazado a los siete concejales de su partido con procesos penales por incumplimiento de deberes en caso de que no suspendieran a Joaquino. El Concejo puso ayer el tema en mesa, y con nueve votos contra optó por la licencia. El mismo Concejo eligió también, un par de horas después, como nuevo alcalde a Zenón Gutiérrez Gutiérrez (también de AS), de 63 años y ex cooperativista minero.
El Concejo instauró su sesión ayer después de haberla postergado durante los 19 días que se prolongaron los conflictos regionales con el Gobierno. Antes, los concejales también hicieron dos suspensiones debido a que seguidores de Joaquino habían tomado el edificio municipal, hasta que ayer los concejales se vieron sin mayores argumentos para postergar el tratamiento del tema.
El informe del Concejo explica que de no hacerlo, se sujetan a procesos de cargo por incumplimiento de deberes conforme a la nueva Ley de Autonomías.
Protestas
La suspensión de René Joaquino como alcalde de Potosí revivió la alarma en la oposición, que teme que a partir de ahora se inicie una seguidilla de acciones con la intención de descabezar a las Alcaldías opositoras y terminar con las Gobernaciones, que serían las siguientes en la lista del Gobierno.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, a días de dejar la FAM ve la necesidad de hacer modificaciones a la Ley Marco de Autonomías para evitar que se produzca una crisis institucional en las entidades autónomas.
Necesitamos plantear una modificación legal que pueda detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales por parte de acusaciones que puedan o no puedan estar comprobadas y están sometidas a la simple decisión de un fiscal sin la posibilidad de que nadie diga si las decisiones del fiscal están en apego a la ley, dijo.
En criterio de Lourdes Millares, concejala sucrense de oposición que vivió la suspensión del alcalde Jaime Barrón, el oficialismo ya tiene el camino trazado para finalizar los mandatos de las autoridades que se le oponen.
El siguiente capítulo para el país es la suspensión de Ernesto Suárez (gobernador de Beni) y el siguiente el gobernador (de Santa Cruz) Rubén Costas y Mario Cossío (gobernador de Tarija), dijo la concejala.
Los gobernadores Costas y Suárez están actualmente arraigados y bajo fianza. En ambos casos el proceso investigativo en su contra continúa y en cualquier momento se podría producir la acusación formal. El gobernador Cossío fue imputado en las últimas horas.
Ya no sorprende
Para el senador Roger Pinto de Convergencia, ya no es sorprendente escuchar las noticias sobre las suspensiones de autoridades porque el amedrentamiento y la persecución continúan contra todo aquellos que se oponen al actual Gobierno.
Para el diputado Tomás Monasterios (PPB), la destitución de Joaquino es una "aberración para el estado de democracia y el respeto al ciudadano" ya que el voto es sagrado y hay que respetarlo.
Para la diputada Rebeca Delgado del MAS, el voto no redime las responsabilidades de las autoridades electas. Si hay cuentas pendientes con el Estado por cualquier hecho o por cualquier tema que se tiene que investigar judicialmente, por supuesto que tienen que ser suspendidos y si renuncian, es como asumir la culpa, dijo. Agregó que alcaldes y gobernadores sean del partido que sean deben ser suspendidos si existe sobre ellos acusación formal.
Soy víctima del paro
La Fiscalía ha enviado una nota al Concejo Municipal, obviamente, con amenaza de iniciarles un proceso si no me suspenden.
Los concejales, para no estar en la misma situación, me han suspendido. Así se refirió el líder de Alianza Social (AS), René Joaquino, en conferencia de prensa al admitir su suspensión, pero cuestionó el actuar del Ministerio Público.
Soy víctima de un paro cívico regional. El Gobierno ha reiterado que van a rodar cabezas, que hay un culpable y que al culpable se le va a sancionar, acusar y perseguir. Ese culpable es René Joaquino, acotó refiriéndose a las casi tres semanas de conflictos sociales que organizaciones de ese departamento organizaron en contra del Gobierno por demandas regionales.
Asimismo, afirmó que Alianza Social seguirá en carrera de lucha partidaria para trabajar en favor de las caras reivindicaciones del pueblo potosino.
El proceso es político, dijo al referirse al juicio oral que se le sigue por la compra de autos usados y agregó que la decisión del Comité Político de Alianza Social fue elegir como alcalde subrogante al concejal Zenón Gutiérrez.
Sus seguidores se declararon en huelga de hambre y trataron de instalar un piquete en el mismo Concejo, pero Joaquino les convenció de que no valía la pena.
COSSÍO, CON IMPUTACIÓN FORMAL
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, de la sigla opositora Camino al Cambio (CC), acaba de recibir el martes pasado una imputación formal por parte del fiscal por los delitos de malversación de recursos en el referéndum autonómico de 2008, plebiscito en el que se gastó más de 5,6 millones de bolivianos. Se abre un período de seis meses de investigación, por lo que Cossío podrá seguir ejerciendo como Gobernador antes de una probable acusación formal. A diferencia de lo ocurrido en Beni y Santa Cruz, que también convocaron a referendos autonómicos, en el caso de Tarija y Pando el dinero utilizado en la consulta autonómica fue manejado exclusivamente por la ex Prefectura, ahora Gobernación.
La denuncia es por malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, todos delitos tipificados en el Código Penal. Nos tiene sin mayor cuidado. Fue una decisión que incluso nosotros sabíamos que podía tener consecuencias de persecución política, dijo ayer el ex consejero René Valdez, procesado en el mismo caso.
SUÁREZ: RECAUDAN PARA SU FIANZA
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, acaba de recibir medidas cautelares el viernes de la semana pasada, cuando un juzgado de la Corte Superior de Distrito de Beni le fijó el arraigo y una fianza de 250.000 bolivianos por malversación de recursos, incumplimiento de deberes y disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE). Suárez es señalado de haber malversado 3,3 millones de bolivianos por la realización del referéndum por los estatutos autonómicos de Beni en junio de 2008.
Según agencias de noticias, los seguidores de Suárez se encuentran en campaña de recolección de recursos para lograr la fianza. En su defensa, Suárez dijo que no cometió ningún delito y que por tanto no pensaba salir del país.
Sus asesores legales respondieron que la convocatoria a referéndum estaba sustentada en el artículo cuarto de la anterior CPE y que los recursos estaban previstos en el POA de la Prefectura.
COSTAS, ARRAIGADO Y CON NUEVOS PROCESOS
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al igual que su similar de Beni, Ernesto Suárez, se encuentra arraigado además de que tuvo que pagar una fianza de 100.000 bolivianos, recaudados mediante campaña realizada por sus seguidores.
Costas, al igual que sus colegas de Beni y Tarija, es procesado por la presunta malversación de 15 millones de bolivianos por la realización del referéndum de los estatutos autonómicos de Santa Cruz en mayo de 2008.
Costas, además, encara otro proceso instaurado por el vicepresidente Álvaro García Linera por desacato, pues el Gobernador insinuó que el segundo mandatario del país debía rendir cuentas por narcotráfico. Un proceso similar le fue instaurado por el fiscal Marcelo Soza.
La fiscal informó ayer que ya se encuentra en la capital cruceña en proceso de notificación del gobernador de Santa Cruz para atender dos casos de desacato.
En tres casos, los relevos son concejalas del MAS: Quillacollo, Punata y Sucre
René Joaquino es el quinto alcalde de los elegidos el pasado 4 de abril que es suspendido del cargo por presiones del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). El primero fue Jaime Barrón (Sucre), quien ya renunció al cargo, mientras que en Quillacollo (Cochabamba), Bermejo (Tarija) y Punata (Cochabamba) también hay autoridades interinas.
El martes, el alcalde del municipio de Bermejo (Tarija), Délfor Burgos Aguirre, de Movimiento Alternativo Regional (MAR), se había convertido en el cuarto alcalde en ser suspendido mediante el mecanismo de la acusación formal que se ampara en el artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esto, a sólo dos meses y medio de haberse iniciado la gestión municipal en Bolivia.
De todos los alcaldes suspendidos, dos ya presentaron renuncia formal: Héctor Cartagena en Quillacollo, elegido por Unidad Nueva Esperanza (UNE), y Jaime Barrón en Sucre, que ganó con Pacto de Integración Social (PAIS).
En Punata, el alcalde Víctor Balderrama, de Insurgente Martín Uchu (IMU), fue suspendido el pasado jueves.
En estos cuatro municipios ya mandan autoridades interinas, tres de ellas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las tres mujeres. En Quillacollo, la alcaldesa en ejercicio es Carla Lorena Pinto; en Sucre, Verónica Berríos; y en Punata, Leticia Camacho. En Bermejo, el Concejo Municipal designó como alcalde a Marcelo Gareca, de la agrupación Acción Social Independiente (ASI).
En Pazña (Oruro) renunció Víctor Centeno (MAS) por razones de salud.
Elecciones
Los alcaldes electos de Quillacollo y Sucre, tras haber sido suspendidos, oficializaron su renuncia para provocar nuevas elecciones.
Esta posibilidad aún es lejana ya que no se han conformado nuevos tribuales electorales y ninguno de los municipios tiene cartas orgánicas.
Para Quillacollo, el plazo de interinato vecía el 30 de agosto.
Fuente: Los Tiempos
Fecha: 19-Ago-2010
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El Dato:
Joaquino, quien obtuvo el 67 por ciento de los votos en los comicios municipales del 4 de abril, se sumó ayer a Héctor Cartagena, de Quillacollo; Víctor Balderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo, y Jaime Barrón, de Sucre, también inhabilitados por ser imputados.
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