Después de cerca de diez años, parece que el largo brazo de la ley logrará alcanzar al ex prefecto de
La Prensa, La Paz, 24 de Agosto, 2010: La deportación de Luis Alberto "Chito" Valle se complicó. La juez peruana María Teresa Cabrera dispuso ayer la detención preventiva del ex Prefecto paceño (1997-1999) en una cárcel para reos primarios en Lima y dispuso que el Estado boliviano solicite la extradición.
Valle fue capturado el viernes al mediodía en la exclusiva zona limeña de La Molina, cerca de la Embajada de Estados Unidos en Perú. La ex autoridad enfrenta un juicio de responsabilidad por la comisión de cinco delitos, cuya pena máxima, a decir del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, William Alave, es de 12 años de reclusión. Alave fue el fiscal que condujo las primeras investigaciones contra Valle, quien debe responder por un daño económico de 17,7 millones de dólares.
Una comisión de alto nivel del Gobierno viajó el fin de semana a Lima con la finalidad de lograr la inmediata entrega de Valle a Bolivia y coordinar con el embajador Franz Solano Chuquimia la entrega del prófugo de la justicia boliviana.
El grupo es liderado por el Viceministro de Régimen Interior y el Director General de Recuperación de Bienes del Estado. No obstante, el domingo, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, anunció que el ex Prefecto sería puesto en la frontera binacional este lunes por la mañana.
Sin embargo, la decisión de la magistrada peruana determina que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia remita, a través de la Cancillería, la solicitud de extradición mediante un exhorto suplicatorio para que corra el trámite ante el máximo tribunal de la justicia en suelo peruano.
Según el abogado Alberto Morales, defensor de Chito Valle, este proceso podría durar entre un año y un año y medio, después de que el viernes pasado la Policía Internacional capturara a Valle.
En declaraciones hechas ayer a los medios, recogidas por la agencia noticiosa Efe, el canciller peruano José Antonio García Belaúnde dijo que "éste es un tema del Poder Judicial (peruano), ha sido detenido el señor (Valle) y ahora tiene que procederse de acuerdo a ley".
A través de una nota de prensa, la Embajada del Perú en Bolivia señala que Valle se hallaba en condición irregular en el país vecino, pues Lima había rechazado oportunamente una solicitud de refugio y otra de asilo político, "por considerar que los delitos por los cuales es requerido por la justicia boliviana son comunes".
El embajador Manuel Rodríguez Cuadros sostuvo que la expulsión por infracción a la ley migratoria de Perú es una opción respecto de la cual las autoridades peruanas competentes adoptarán la decisión que corresponda".
En el programa No mentirás, que se difunde en la red televisiva PAT, Alberto Morales señaló que, si bien no pudo comunicarse con su cliente, los familiares del ex Prefecto le indicaron que éste se encuentra "preocupado, pero esperanzado en que cuando la justicia peruana evalúe la solicitud de extradición del Gobierno boliviano, si es que la envía, comprenda la violación de sus derechos y garantías constitucionales de las que ha sido objeto durante diez años de indebido procesamiento".
El juicio de responsabilidad de Valle se realiza al amparo de la Constitución de 1967. El Gobierno y la Gobernación de La Paz plantearon que Valle sea juzgado mediante la nueva ley anticorrupción.
El proceso ha derivado en la condena de tres personas: Erick Scholz, ex director administrativo de la Prefectura; Abigaíldo Reyes, ex jefe de Transportes, y Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori, gerente general de la empresa Etranali, que evaluó el parque automotor de la Prefectura de La Paz.
Sin embargo, ninguno de los tres cumplió condena, porque fueron beneficiados con la suspensión condicional de la pena impuesta.
El 29 de mayo de 2007 se presentó la acusación formal contra Luis Alberto Valle Ureña, Javier Valle Alcoreza y Jorge Víctor Sánchez Peña Sattori, pero el 22 de septiembre de 2009, Valle Alcoreza fue declarado prófugo y huyó de Bolivia, en tanto que el ex Prefecto hizo lo mismo el 31 de marzo del año pasado.
En ambos casos, el Tribunal de Sentencia decidió suspender los juicios hasta que sean capturados los fugitivos. El proceso contra Valle Ureña y Valle Alcoreza se interrumpió cuando iban a presentar a sus testigos de descargo. Después debe entrarse en el debate y en la sentencia.
Cocarico anuncia reversión de hotel
El gobernador paceño, César Cocarico, afirmó ayer que el hotel que se denominaba Jatauba y que pertenecía al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle será "recuperado" a favor de la Gobernación. "Concretamente el hotel que está en San Buenaventura va a tener que volver al gobierno departamental como un bien y un patrimonio del departamento de La Paz", dijo la autoridad departamental.
El Jatauba Lodge es un establecimiento de cinco estrellas se que encuentra a siete minutos en bote de San Buenaventura y Rurrenabaque, en la encañada del Susi en el margen izquierdo del río Beni, un lugar privilegiado para el turismo por su cercanía con el Parque Nacional Madidi y los atractivos del destino turístico de Rurrenabaque.
Cocarico, basado en la Ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, señaló que quienes hayan comprado los bienes de Valle van a perderlos porque "son producto de delitos, todos sabemos públicamente que los bienes de Chito Valle son ilegítimos", dijo. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó que Chito Valle inscribió sus bienes a nombre de terceras personas o "palos blancos".
Los "Chitojuicios"
Caso "Chitochatarra": El daño económico causado al Estado es de dos millones de dólares por la venta, a precio de chatarra, del parque automotor de la antigua Prefectura de La Paz, cuyas unidades se encontraban en buenas condiciones de funcionamiento.
Caso "Chitoalcoba": Luis Alberto Valle autorizó la adquisición en la empresa La Cuisine de un lujoso juego de dormitorio con destino al Palacio Prefectural. La compra fue hecha en 210.049 dólares y los muebles, suntuarios e innecesarios, desaparecieron.
Caso "Chitocasa": Bajo su gestión se vendió una casa perteneciente a la Prefectura en 100.000 dólares, un monto muy inferior a su valor real. El inmueble está ubicado en la zona Gran Poder, de la ciudad de La Paz. En posteriores administraciones, esa transacción fue anulada y el bien retornó a dominio de la desaparecida Prefectura de La Paz.
Caso Banco Minero: En la administración de Luis Alberto Valle, la Prefectura paceña transfirió terrenos en Chasquipampa y la ciudad de El Alto pertenecientes al desaparecido Banco Minero de Bolivia en 7,18 millones de dólares, una cotización subvaluada.
Caso Fademin: La Prefectura de La Paz se subrogó, a través del Fondo de Desarrollo Minero (Fademin), una deuda de 8,2 millones de dólares que había sido contraída anteriormente por la Federación Regional de Cooperativas Auríferas de La Paz (Ferreco), sin que existiera un justificativo que avalase semejante operación que endeudó al gobierno departamental de La Paz.
Fuente: La Prensa
Fecha: 24-Ago-2010
