El Diario, La Paz, 25 de Agosto, 2010:  Los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo y de legisladores opositores que dan cuenta sobre la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y la Policía, sobre los hechos luctuosos ocurridos en Caranavi en mayo pasado, contradiciendo el documento oficialista que culpa a los dirigentes de Federación Agraria Provincial de Caranavi y exime a las autoridades gubernamentales, la comparecencia de los datos será presentada en los siguientes días a la Cámara de Diputados.

El enfrentamiento entre pobladores de Caranavi y la Policía los días 7 y 8 de mayo fue objeto de investigación por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estas dos últimas discrepan sobre la responsabilidad de las autoridades de Gobierno y los dirigentes campesinos del Norte de La Paz.

POLICÍA COMETIÓ EXCESOS

El informe del Defensor del Pueblo presentado la tarde de ayer a la Comisión Integrada de Derechos Humanos y Gobierno establece como responsables al ministro Sacha Llorenti y a la Policía por su actuación durante el desbloqueo en la carretera Caranavi - La Paz.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseveró que las investigaciones realizadas a través de la institución, concluyen en que la Policía cometió "excesos en contra de los pobladores".

Además, dijo que la muerte de David Callisaya y Mario Hernani, fue producto de los disparos por arma de fuego, por lo que la Policía violó derechos constitucionales, en un uso desproporcional de la fuerza, vulnerando la integridad psíquica y moral de los pobladores".

En este sentido, Villena, recomendó a la Fiscalía del Distrito de La Paz realizar una investigación objetiva de lo sucedido en Caranavi, donde pobladores protagonizaron un bloqueo exigiendo al Gobierno la construcción de una Planta Procesadora de Cítricos, que derivó en enfrentamientos con la Policía.

COINCIDENCIA DE INFORMES

El informe del Defensor del Pueblo coincide con el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que afirma como responsables al Ministro de Gobierno y a la Policía por el uso de armas de fuego para desbloquear el camino Caranavi - La Paz, causando la muerte de dos estudiantes y dejando 30 personas heridas.

A esto se suma el informe presentado por la minoría opositora de la Comisión Integrada de Derechos Humanos y Gobierno, que concluyen que en Caranavi hubo un excesivo uso de la violencia por la Policía.

A propósito el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, expresó la necesidad de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones del caso, evidenciando la coincidencia de los tres informes.

"Creo que es una goleada, tres a uno, son tres informes que manifiestan que las autoridades de Gobierno y la Policía tienen responsabilidad en los hechos de Caranavi, por haber violado derechos humanos, por lo que la Cámara de Diputados deberá analizar estos documentos", sostuvo.

El informe de la Comisión integrada de Derechos Humanos y Gobierno de la Cámara de Diputados exime de responsabilidad al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y al comandante general de la Policía, general Óscar Nina, de los enfrentamientos ocurridos en Caranavi en mayo pasado, donde se registraron dos muertos y varios heridos.

COMISIÓN OFICIALISTA

En cambio, el informe oficialista de la Comisión Integrada, indica como autores del conflicto a "las organizaciones sociales", eximiendo de responsabilidad al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y al comandante general de la Policía, general Óscar Nina, de los enfrentamientos ocurridos en Caranavi en mayo pasado, donde se registraron dos muertos y varios heridos.

Argumentando que se comprobó que algunos "dirigentes de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (Fapcca) instigaron, aleccionaron e impulsaron los conflictos – no permitieron la obtención de varias declaraciones en la localidad de Caranavi a momento de la visita de la Comisión Integrada, tal es el caso de la señora María Eugenia Choque y otras personas que quisieron prestar declaraciones, pero los pedidos no fueron permitidos por los dirigentes identificados como Richard Quispe, Franz Bascopé, Sinforiano Cusi – que amenazaron a los declarantes razón por la que no existían las condiciones de seguridad, ni las garantías necesarias en la localidad de Caranavi (...)".

Fuente: El Diario
Fecha: 25-Ago-2010