El Nacional, Tarija, 27 de Agosto, 2010: Por más de ocho millones y medio de bolivianos de daño económico, la Contraloría General del Estado (CGE) presentó en Santa Cruz dos denuncias contra funcionaros de la ex prefectura del departamento cruceño, entre ellos el actual gobernador Rubén Costas.
El gerente departamental de Santa Cruz, Alfredo Villca, fue la persona encargada de presentar las denuncias: la primera por la compra irregular, prohibida y no presupuestada de cuarenta camionetas fuera de las competencias definidas para los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y la segunda por la falsificación de 13 facturas.
De acuerdo a la denuncia de la Contraloría, en el primer caso, la adquisición de las cuarenta camionetas en cuestión se realizó a través de una delegación que hizo el ex prefecto y ahora Gobernador Rubén Costas en abril de 2007.
La adquisición de los motorizados se habría hecho transgrediendo el Decreto Supremo 27328 (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que éste ente realice la contratación y bajo sus propias normas (actos que son contrarios a la responsabilidad por la función pública y al citado D.S.) la compra de las cuarenta camionetas.
Pero esa acción "estaba prohibida por el D.S. 27327 de Austeridad, de fecha 31 de enero de 2004 (esta norma prohibía a las entidades públicas la compra de vehículos), además de que esta compra no estaba programada por la Prefectura de Santa Cruz, es decir, no estaba incorporada en el POA de la Gestión 2007 y, por ende, tampoco contaba con presupuesto aprobado", indica el comunicado de la Contraloría.
La compra de las cuarenta camionetas transgredió el Artículo 148 de la Constitución, entonces vigente, y que establecía que sólo el Presidente podía decretar pagos no autorizados, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas.
Los denunciados en este primer caso son: Rubén Armando Costas Aguilera, Roly Aguilera Gasser y José Luis Parada Rivero, por los tipos penales de "malversación", "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica"; Fernando Soria Galvarro Bort, por los delitos de "falsedad ideológica", "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica"; y Mirian Cecilia Limpias Torres por "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".
La segunda denuncia es por facturas falsas. En este caso se menciona la supuesta falsificación de 13 facturas presentadas por el importe de 124.881 bolivianos equivalentes a 17.494 dólares, en la rendición de cuentas por Fondos en Avance, sobre desembolsos de la gestión 2008, por parte de Juan Pablo Paz Soria, profesional de la Secretaria Departamental de Seguridad Ciudadana, "ilicitud" que habría generado un daño económico por el mismo monto. La denuncia en este caso es contra Juan Pablo Paz Soria, interpuesta por los delitos de "peculado", "falsedad material" y "uso de instrumento falsificado".
Fuente: El Nacional
Fecha: 27-Ago-2010
