Nina lanzó la advertencia luego de ser cuestionado sobre las acciones de la Policía en Caranavi, en los informes de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y del Defensor del Pueblo, tras la intervención del bloqueo de caminos de colonizadores (7 y 8 de mayo) que duró más de una semana.

"Vamos a iniciar una acción judicial contra aquellas personas que busquen un protagonismo personal político a costa de una noble institución. Por favor, no utilicen a la Policía", declaró ayer en una conferencia de prensa en el Comando Nacional.

Nina lamentó que exista una campaña de desprestigio en contra de la institución del orden e identificó al peruano Jorge Quiroz, nacionalizado boliviano, y a su esposa Claudia Lecoña, quienes a través de la APDHB estarían desacreditando a la Policía.

"En momentos en que nuestra Policía Boliviana estaba en procura del reconocimiento de nuestra población, de nuestra ciudadanía a la cual nos debemos, hemos empezado a sufrir una serie de ataques en contra de la institución y la consecuencia es que este proceso de transformación institucional, que llevamos adelante, nos ocasiona problemas", afirmó el Comandante de la Policía.

Nina denunció, a través de un informe de la Interpol, que Quiroz "fue dado de baja ignominiosamente de la Policía del Perú, por delitos en contra de la salud pública y porque estuvo ligado al narcotráfico".

Desafío. En su defensa, Quiroz negó que hubiera participado en la redacción del informe de la APDHB o que esté en campaña contra la Policía y lo desafió a que pruebe si tiene algún vínculo con el narcotráfico. Afirmó que formó parte del equipo de abogados que investigó los hechos violentos de hace tres meses.

Quiroz aclaró que él se retiró voluntariamente de la Policía peruana y exigió a Nina que, luego de haber develado públicamente su conexión con esa entidad, le dé seguridad personal a él y a su familia. Además, le responsabilizó de lo que les pueda pasar.

Respecto al operativo policial de Caranavi, Nina aseguró que el mismo se ejecutó con el fin de desbloquear la carretera "en una operación netamente humanitaria", que quiso rescatar a más de 1.500 personas "en riesgo de inanición", después del bloqueo.

Los informes de la APDHB y del Defensor del Pueblo indican, por separado, que la Policía tiene responsabilidad en la violencia generada en Caranavi.


El conflicto en Nor Yungas

Promesa
Evo Morales ofreció a Caranavi, el 2006, una planta procesadora de cítricos.

Cambio
A sugerencia del Fidel Surco, Morales anunció el 17 de marzo que la planta iba a estar en Alto Beni.

Plantón
El Gobierno no se reúne con pobladores de Caranavi, quienes decidieron iniciar bloqueos el 17 de abril.

Operativo
Tras una semana, en un operativo policial de desbloqueo, mueren Fidel Hernany y David Calizaya.

La APDHB rechaza las acusaciones de Nina

El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Roberto Quiroz, rechazó las acusaciones del comandante de la Policía, general Óscar Nina, que aseguró que el informe de Caranavi de su institución era una campaña de desprestigio.

"El informe no es una acción dirigida contra la institución policial. No se trata de satanizarlos, sino de establecer la verdad de los hechos y establecer las responsabilidades", sostuvo Quiroz. Nina apuntó a los abogados de la APDHB, Jorge Quiroz y su esposa Claudia Lecoña, de iniciar una campaña de desprestigio contra la fuerza del orden, desde esa entidad.

La Asamblea lamentó que Nina no hubiese presentado, a la opinión pública, un informe técnico del trabajo efectuado en Caranavi o "como toda autoridad, iniciar acciones si consideraba que una persona transgredió derechos". El peruano Jorge Quiroz cree que el Ministerio de Gobierno y la Policía intentarán detenerlo para intimidarlo y para que deje el caso Caranavi.

Defensor irá a la Fiscalía si ignoran su informe

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió ayer con recurrir a la Fiscalía General de Estado si el Ministerio Público de La Paz no toma en cuenta su informe sobre los hechos violentos de Caranavi, donde perecieron dos personas entre el 7 y 8 de mayo, en un operativo policial de desbloqueo.

Villena dijo que si el caso en La Paz no va por buena vía, "vamos a apelar al Fiscal General, para que sea de su conocimiento el informe defensorial, para que se investigue ese trabajo de foja cero porque vemos que hay un camino que está contaminado con un alto grado de politización, que es peligroso para la administración de la justicia".

El Gobierno rechazó el miércoles 25 el informe del Defensor del Pueblo que cuestionó el uso excesivo de la fuerza policial en el desbloqueo de Caranavi.

Villena no descartó en acudir a organismos internacionales si el caso no se resuelve en la justicia boliviana, luego de agotar todas las instancias legales, pero pidió dejar hacer su trabajo a las instancias investigativas. Por otro lado, dijo haber pedido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Denis Racicot, que se pronuncie sobre su informe emitido desde su oficina.