La Prensa, La Paz, 28 de Agosto, 2010: Persecución. Al día siguiente de que el comandante de la Policía, general Óscar Nina, hablara de un complot por el caso Caranavi, el fiscal antinarcóticos Víctor Vásquez y uniformados allanaron ayer la oficina de los esposos Jorge Quiroz y Rosario Lecoña, activistas de derechos humanos y abogados de los familiares de los fallecidos en el enfrentamiento de mayo en el norte paceño.

Ambos juristas plantearon ante el Ministerio Público una querella por el delito de asesinato contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, Nina y otros jefes policiales que participaron en el desbloqueo de la ruta hacia Caranavi, entre el 7 y el 8 de mayo, medida tomada por pobladores y colonizadores en demanda de una planta de cítricos en la región. El operativo dejó dos muertos y 29 personas heridas.

El jueves, Nina amenazó con enjuiciar a quienes acusen a la institución del orden buscando "un protagonismo personal político". Por ello, denunció que Quiroz fue dado de baja de la Policía peruana por narcotráfico y puso en duda la nacionalidad boliviana de Lecoña. Dejó entrever que ambos impulsan una conspiración en contra de la entidad verde olivo.

De esta forma, la autoridad policial descalificó los informes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia y del Defensor del Pueblo sobre los acontecimientos de Caranavi, que responsabilizan al Ministerio de Gobierno y a la Policía de la violencia y las muertes de Mario Fidel Hernany (19) y David Calizaya Mamani, de 16 años.

Ayer al mediodía, el fiscal Vásquez, un oficial y cuatro efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) allanaron el bufete de Quiroz y Lecoña. Para ello expusieron una orden firmada por la juez Marcela Siles.

Lecoña informó ayer que, ante la consulta al Fiscal de las razones por las que se realizaba la intervención, Vásquez le explicó que una llamada anónima había alertado de "movimientos sospechosos" en ese lugar. O sea, buscaban drogas.

La orden no llevaba los nombres de los investigados, sino que estaba dirigida a los que "resultaren culpables", de acuerdo con la versión de la abogada.

Durante la revisión del ambiente, entró una mujer vestida de civil que portaba una mochila roja. "Una abogada que trabaja en una oficina contigua nos alertó de su presencia y aseguró que horas antes había ido al sitio para preguntar por nosotros. Pedimos que se le tomen sus datos, pero nos explicaron que es policía. Entonces presumimos que se trataba de sembrar droga en nuestro bufete", relató.

Entre sollozos, Lecoña denunció que los uniformados se llevaron sus computadoras bajo el argumento de que se trata de elementos de prueba. "No podemos trabajar, se llevaron las máquinas en las que están todos nuestros archivos. Creemos que buscan si allí está archivado el informe del caso Caranavi (de la Asamblea de los Derechos Humanos), pero no lo tenemos, no participamos en su redacción".

Anunció que este sábado presentará una acción de libertad por persecución ilegal ante la Corte Superior del Distrito de La Paz contra Nina y, "probablemente, el ministro Llorenti. Estamos perseguidos y nada podemos hacer. Es una bajeza total y se vulnera el estado de derecho".

Reiteró las denuncias de amenazas de muerte que recibieron ella y su esposo y afirmó que vehículos con vidrios polarizados y policías vestidos de civil y de uniforme oficial rondaban su domicilio en la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores. "No podemos ir a descansar, tememos que nos hagan cualquier cosa".

Por la tarde, después de reunirse con el Defensor del Pueblo, Nina no quiso dar explicaciones del operativo y se limitó a pedir que "pregunten al juez, pregunten al Fiscal". El defensor Rolando Villena negó que haya dialogado con la autoridad policial al respecto, pero señaló que en todo caso se deben respetar los derechos constitucionales.

Facción de DDHH hará otro informe

Teresa Zubieta, presidenta de una facción de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en La Paz, anunció ayer que elaborará un nuevo informe sobre los acontecimientos del 7 y el 8 de mayo en Caranavi, donde murieron dos personas, a pesar de que la matriz nacional del organismo ya presentó un reporte que responsabiliza al Ministerio de Gobierno y la Policía del violento desbloqueo y los fallecimientos.

La activista, quien negó buscar el cargo por mandato del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró que los abogados Jorge Quiroz y Rosario Lecoña, cuyas oficinas fueron allanada ayer, no forman parte del grupo de activistas de la Asamblea paceña.

Entretanto, la diputada oficialista y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Núñez, comentó que el allanamiento policial de ayer será investigado por esa instancia camaral. "Nos compete hacerlo, porque son hermanos y no se puede atropellar a cualquiera de esa manera. Averiguaremos quién dio la orden, porque la verdad es que se vulneró los derechos de esas personas".

Informe del Defensor

Durante los hechos acontecidos en la localidad de Caranavi se ha podido evidenciar que hubo acciones de la Policía Boliviana que vulneraron la dignidad de las personas, dentro de las que se distinguen aprehensiones indiscriminadas y el uso excesivo y desproporcional de la fuerza.

Aproximadamente 80 ciudadanos de la localidad de Caranavi fueron aprehendidos para su posterior traslado a la ciudad de La Paz a dependencias de la FELCC, vulnerándose los límites de la detención.

Informe de DDHH

El Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear, desechando el diálogo, lo que habría evitado la muerte de dos jóvenes estudiantes: Mario Fidel Hernany y David Calizaya Mamani. El primero recibió un disparo de fusil FAL, de nueve milímetros, según informes médicos, y el segundo fue herido por siete perdigones.