Organizaciones de prensa de Santa Cruz y La Paz y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia comenzaron a convocar a propietarios de medios, a otras organizaciones y a sus mismos expertos en Derecho Constitucional para iniciar acciones contra la Ley de Régimen Electoral que podrían comenzar con una denuncia ante instancias internacionales.
Al menos ese es el anuncio que efectuó según Radio Fides la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz a través de su secretario ejecutivo, Roberto Carlos Hurtado, que consideró que al menos son 16 los artículos que violentan el derecho a la información.
Por otra parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, anunció que los representantes de esa instancia, como de la Asociación Boliviana de Radios (Asbora), de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) y de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp), sostendrán una reunión la próxima semana para intercambiar ideas de cómo se puede hacer frente a esta norma a la que consideran incurre en una drástica limitación a la libertad de expresión.
"El hecho de que en el capítulo relativo a la elección de magistrados del Órgano Judicial se impongan una serie de prohibiciones a opiniones de los magistrados, a entrevistas y a debates que se puedan realizar y obviamente en lo que se refiere a la propaganda, por muy bien intencionadas que éstas sean, van en contra de los instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión", afirmó Zeballos.
El Secretario Ejecutivo de la ANP agregó que no se puede ir contra las normas contempladas en la Constitución Política del Estado ni contra las normas supranacionales y que por eso se están realizando consultas con especialistas para ver qué acciones se pueden asumir.
Reacción no es extemporánea
La reacción de las organizaciones de la prensa, que el pasado 29 de junio publicaron un comunicado pidiendo que se rectifique la Ley de Régimen Electoral, fue criticada por el senador opositor Germán Antelo, que las consideró como una actitud extemporánea porque no reaccionaron antes de su sanción.
"Nos extraña que un senador de la República haga declaraciones totalmente infundadas y alejadas de la realidad. Creemos que él tiene que ser una persona seria y responsable. Desmentimos categóricamente que hubiéramos hecho una acción tardía con relación a este problema", sostuvo Zeballos, quien recordó que en el mismo comunicado la ANP lamenta que el Órgano Legislativo Plurinacional hubiera hecho caso omiso a las observaciones de los periodistas al entonces proyecto de Ley de Régimen Electoral.
Sanciones y prohibiciones
Los artículos de la Ley de Régimen Electoral que más polémica han levantado son los referidos a la propaganda electoral y a las prohibiciones de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo sanción de inhabilitación de participar libremente en medios de comunicación para difundir sus postulaciones.
Estas observaciones están contempladas en los artículos 82 al 84 de la Ley del Régimen Electoral, referida a la participación de los postulante en medios de comunicación, y en los artículos 110 al 119 referidos a la propaganda electoral.
De la misma manera, se establece sanciones a la violación a estos artículos, tanto para los postulantes a los cargos como a los medios de comunicación.
Para los postulantes a los puestos de los tribunale electorales como a los del Tribunal Constitucional, la sanción es la inhabilitación para participar de los comicios . Para los medios de comunicación que infrinjan dichas normas se contempla su inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorios de mandato.
Ante esta situación, el representante de la Federación de la Prensa cruceña convocó a los propietarios de los medios de comunicación a aunar esfuerzo contra esta normativa que viola incluso la misma Constitución Política del Estado. "Convocamos a los propietarios de los medios de comunicación a aunar esfuerzos e iniciar acciones contra esta normativa que afecta al ciudadano en su derecho de ser informado", puntualizó.
